Por: Jorge Toyamana, Abogado Laboralista
Llega el 2022 con los urgentes y viejos problemas laborales, agravados por las crisis sanitaria, económica y política. ¿Cómo solucionar el 80% de informalidad, el 50% de subempleo, las enormes brechas de desigualdad o los casi dos millones de “ninis” (jóvenes que ni trabajan ni estudian)?
El diálogo social es la herramienta que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) propicia: Sindicatos, empresas y Estado dialogan, intercambian posiciones, ceden y llegan a acuerdos. En España, este tipo de diálogo tripartito acaba de alcanzar un acuerdo integral para modificar las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Tras el acuerdo, el Parlamento aprobó sin cambios el proyecto consensuado por las partes y ya está vigente. Ni sindicatos ni empresas están complacidos al 100%, pero hay consenso. El profesor Javier Neves solía decir que los mejores acuerdos (sostenibles) son aquellos donde ninguna de las partes queda totalmente satisfecha.
Este gobierno tiene el enorme reto de proponer un mecanismo de diálogo para todas las iniciativas normativas de importancia. El Consejo Nacional de Trabajo (CNT) se ha reinstalado, pero las oportunidades se están perdiendo. Se acaba de prorrogar el trabajo remoto por un año sin consulta previa. Se ha diferido el retorno del grupo de riesgo al trabajo presencial de la misma forma. Entendemos que el gobierno trabaja un proyecto de Código de Trabajo, pero en su elaboración tampoco han participado hasta el momento ninguna de las partes sociales.
El anuncio gubernamental de crear una escuela sindical no ha sido bien recibido por las centrales sindicales, incluso hasta la han rechazado. Es una muestra de la trascendencia de tomar en cuenta las posiciones de las partes sociales para adoptar decisiones con la mayor legitimidad posible.
El diálogo bipartito surge como una alternativa frente a las dificultades del tripartito. Gremios sindicales y empresariales dialogan directamente y llegan a acuerdos. En algunos países ocurre. Y estos acuerdos luego vinculan al Estado. Tenemos algunos buenos ejemplos en Perú. Las negociaciones colectivas en el sector construcción donde la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) llegan a acuerdos anuales que brindan beneficios y estabilidad y que luego son firmados en presencia del Estado. Otra iniciativa viene de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Tras varios años de diálogo, están generando mecanismos para encontrar soluciones acordadas en beneficios del sector, sus trabajadores y el país.
Un caso más reciente fue sobre la obligatoriedad de las vacunas para el trabajo presencial en el sector agroexportador. Luego de la emisión de la norma que fijaba la obligación de estar vacunados para todo tipo de trabajo, el gobierno difirió su aplicación para los espacios abiertos, tras un pedido conjunto del sector agrario: los sindicatos (Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria -FENTAGRO-) y las empresas (Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú -AGAP-). Ambas partes coincidieron que, en el campo, donde la tasa de vacunación es menor al promedio nacional, se debía brindar más tiempo para cumplir con la vacunación.
Se ha anunciado un diálogo social para fijar la nueva Remuneración Mínima Vital (RMV). Está establecido en la Constitución. Ojalá que el gobierno cumpla, escuche y adopte una decisión técnica y consensuada. Sería un hito. Sería el comienzo de una real apuesta por el diálogo social para toda iniciativa, incluida las actuales. Una vez más, el gobierno tiene la oportunidad de cambiar la historia de la regulación laboral en el país.
