Nuestra Constitución recoge la importancia estratégica del agua que, como parte de los recursos naturales, es patrimonio de la Nación y promueve su uso sostenible. Esto es fundamental: el agua no es de un gobierno regional o alcaldía, de una comunidad campesina o de un particular, es de la Nación, por lo cual debe administrarse adecuadamente.
Debido a su importancia, el año 2012 el Acuerdo Nacional aprobó en consenso la política 33 sobre los recursos hídricos, especificando que debe utilizarse en todas las actividades humanas integrando los valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales; priorizando el consumo humano y la seguridad alimentaria en armonía con el bien común. Esta política es fruto del consenso de instituciones públicas y privadas, y debe llevarnos a garantizar el agua para todas las actividades, entre ellas las productivas desde la agricultura hasta la industria y minería, actuar distinto sería atentar contra las actividades fundamentales de los ciudadanos por intereses subalternos o ideológicos.
La ONU nos alerta que la escasez del agua es uno de los principales desafíos del siglo XXI, casi el 40% de la población mundial la sufre. Es por ello que el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU lo aborda y nos llama a reflexión para proteger y recuperar los ecosistemas y estimular la eficiencia hídrica.
En el Perú el agua disponible proviene de 3 vertientes hidrográficas: Atlántico que provee el 97.7%, Pacífico el 1.8% (en la costa se concentra el 65% de la población) y Titicaca con el 0.5%. Esta distribución natural nos enfrenta al reto de tener muy poca agua en la costa desértica peruana donde hay más población (65%) y mayor actividad productiva (el 62% de la agricultura está en la costa), lo cual nos obliga estratégicamente a desarrollar infraestructura hidráulica para distribuirla mejor y poder abastecer las ciudades y zonas productivas.
Según la Autoridad Nacional del Agua – ANA, la agricultura utiliza el 80% del agua disponible, esto no nos debe llamar la atención ya que, según la OIT, la agricultura es la actividad que concentra el 30% del empleo en el mundo y, para desarrollar esta actividad productiva vital, necesita sostenibilidad en el agua. Sin embargo, lo que si debe preocuparnos es que su uso también está afectado por la informalidad que, en el Perú, es alrededor del 80%.
En la agricultura la administración del agua se da a través de las 122 Juntas de Usuarios de Agua, sus comisiones y comités reconocidas por la ANA, las cuales tienen entre sus funciones el desarrollo de proyectos, mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica de las 159 cuencas que existen en el país. Sin embargo, la situación de los derechos de uso del agua en la agricultura peruana son dramáticos, según el Censo Nacional Agropecuario 2012, en el Perú existen más de 2.21 millones de unidades agropecuarias con superficie agrícola de los cuales 970 mil utilizan agua para riego y de estos solo alrededor de 700 mil tienen algún tipo de permiso oficial. Adicionalmente sólo 583 mil productores agrarios (60%) están en alguna comisión de regantes.
Esto nos lleva a una problemática compleja: alto porcentaje de informalidad que usa el agua sin ningún derecho otorgado por la autoridad, Juntas de Usuarios de Agua con una complicada situación institucional, problemas en el manejo del mantenimiento de la infraestructura, poca capacidad de control y supervisión para el uso formal del agua, pocos desarrollo de proyectos para darle sostenibilidad a la cuenca y acuíferos, contaminación de las cuencas y del mar con los vertimientos diarios de más de 2 millones de m3 de aguas residuales a nivel nacional, sobreexplotación en varios acuíferos en zonas con pocos recursos hídricos, reducción de los glaciares por efectos del cambio climático que afecta las reservas de agua, miles de mt3 que se desperdician en el mar en temporadas de caudal alto, utilización del agua sin riego tecnificado en zonas donde hay escasez de agua, entre otros.
Además, enfrentamos otros graves riesgos, por ejemplo, a fines del 2016 el Perú sufrió una emergencia hídrica que afectó a más de 37 valles de la costa y sierra, lo que no sólo puso en peligro la agricultura sino también el abastecimiento de agua en las ciudades.
Ante esta situación, que pone en riesgo el desarrollo de las actividades productivas y la tranquilidad del país, es necesario actuar con sentido de urgencia y responsabilidad para garantizar este recurso tan importante para la vida de los peruanos, su agricultura y demás actividades productivas.
Para lograrlo es necesario fortalecer y modernizar la Autoridad Nacional del Agua y su normativa, promover las inversiones en infraestructura hidráulica y reducir la informalidad, entre otros aspectos, para lograr eficiencia, seguridad jurídica y sostenibilidad en el manejo del agua. No se puede esperar más.
Por: Gabriel Amaro, Director Ejecutivo de AGAP
El Peruano / 16 de setiembre 2017
