El 4 de diciembre se cumplió un año de la derogación de la Ley de Promoción Agraria, que, según Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), ha retraído las nuevas inversiones. En entrevista con Correo dijo que los agroexportodores buscan una salida y piden dialogar con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Víctor Maita), pero no tienen respuesta.
A un año de la derogación de la Ley de Promoción Agraria, ¿qué balance hace?
El resultado es que no hay nuevas inversiones. Si no hay nuevas inversiones, en los siguientes años se declinará la producción agroexportadora y los empleos formales disminuirán. El segundo efecto es la desconfianza que genera el Gobierno, que es contrario a la inversión privada. Ahora queda claro que el problema no era la ley, el problema es la informalidad.
¿Cuánto se dejó de invertir?
En el 2019 se estimó que en los siguientes cinco años se incorporarían 30 mil hectáreas, que demandarían una fuerte inversión. Hay proyectos de irrigación paralizados, como Chavimochic, que ofertará 66 mil hectáreas; Majes-Siguas II, con 35 mil hectáreas, entre otros. Por ejemplo, cada hectárea de arándano demanda entre $50 mil y $80 mil de inversión. El promedio es de $40 mil a $50 mil, de los diferentes cultivos. Se ha perdido estabilidad jurídica y eso impacta en la inversión. Se reinvirtió mucho en la agroindustria, que creció en forma exponencial en los últimos 20 años y tenía para seguir creciendo. Este año se crecerá por la inversión que se hizo en años anteriores, las plantas tienen un ciclo de expansión y conforme crecen aumentan su productividad.
¿Inversionistas peruanos salen del país?
Si, no solo capitales extranjeros migran a países que ofrecen más estabilidad y confianza, con regulaciones que permiten ser competitivos. Colombia tiene 0% de renta. Ecuador también tiene condiciones muy favorables. El costo laboral en Perú ha subido mucho por un tema político, con una ley. El sector tiene diferentes niveles, en función de la capacidad del trabajador, existía competencia laboral; además, había incentivos en base a la productividad. Además, el gobierno dice que habrá una segunda reforma agraria y sabemos la connotación que tiene, conociendo la primera, la segunda parte no será mejor.
¿Qué hacer?
Los espacios de diálogos son muy pocos. Nosotros, como AGAP, hemos pedido, mediante una plataforma, en la que estamos productores pequeños, medianos y grandes de todos los productos, de todas las regiones; los colegios profesionales, todos buscamos trabajar por el sector agrario para aumentar la competitividad, la productividad, para fomentar el libre mercado. Pedimos diálogo al ministro de Agricultura y no se nos da. También, hemos pedido que se reactive la mesa técnica ejecutiva agroexportadora al ministro de Economía (Pedro Francke), quien tiene buena iniciativa y está de acuerdo en abrirla, pero, el ministro del sector no da su visto bueno.
