En el Congreso se sigue postergando la extensión de la Ley de Promoción Agraria (Ley N°27360). Por su parte, el Ejecutivo parece retroceder en el pedido de facultades legislativas para extender la vigencia de la señalada norma y ampliar sus beneficios al sector forestal y acuífero, tal como planteó inicialmente el Gobierno de Martín Vizcarra.
Por el contrario, en el Congreso, diez proyectos pretenden anular y desnaturalizar esa Ley. Se propone, por ejemplo, modificar el aporte a EsSalud y los beneficios laborales como remuneraciones, vacaciones e indemnizaciones por despido. Se argumenta que la ley ha provocado un déficit de S/ 300 millones en Essalud, por la contribución de 4% por parte de las empresas del sector agropecuario. Lo cierto es que el 75% de los trabajadores agrarios se atienden en las postas médicas organizadas por las mismas empresas. El motivo: en las zonas rurales no existen centros médicos de EsSalud. En ese sentido, si se trata de favorecer a los trabajadores, elevar la tasa a EsSalud no contribuirá en mayor medida.
En las regiones Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica, donde la actividad agrícola es intensa, la remuneración promedio de los trabajadores es de S/ 1,472, muy por encima de una remuneración mínima. No es como malintencionadamente tituló La República, desinformando sobre supuestos sueldos de hambre en el sector agrario. Por el contrario, la alta empleabilidad ha permitido un retroceso significativo de la pobreza y elevados índices de vida de los pobladores relacionados con la actividad agraria. Además, por las condiciones laborales, los trabajadores gozan de otros beneficios adicionales como transporte, alimentación, uniformes, capacitación, bonos por productividad y cunas, entre otros.
El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Ricardo Polis, considera que no hay un solo argumento válido en contra de una ley que ha posibilitado reducir pobreza y alcanzar índices y diversidad de exportaciones agrarias nunca antes vistos en Perú. Por ejemplo, la continuidad de esta ley permitiría en los próximos años inversiones privadas de US$ 5,000 millones en las 100,000 hectáreas de nuevos terrenos agrícolas, como consecuencia de los proyectos Chavimochic III y Majes Siguas II. “Los primeros quince años fueron de pruebas y errores. Recién los últimos cinco se pueden sustentar sobre las posibilidades agrarias del Perú”, nos ha dicho. Además la ley permitiría la incorporación de nuevos proyectos agrícolas en el país.
Vale señalar que entre los proyectos populistas presentados en el Congreso, están el PL Nº 2711/2017-CR, del congresista César Segura Izquierdo, de Fuerza Popular, que propone S/40 soles de remuneración diaria, vacaciones de 30 días, indemnización de 30 remuneraciones diarias por cada año de servicio (por despido arbitrario) y la prórroga la ley hasta el 31 de diciembre 2035. El PL Nº2118/2017-CR de la congresista Janet Sánchez Alva, de Peruanos por el Kambio, propone que los trabajadores sean contratados de acuerdo al régimen laboral regulado por el DL Nº728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, que se derogue todo lo relacionado a las remuneraciones, vacaciones y despido de los trabajadores. Propone que en caso de despido arbitrario, la indemnización se aplique de acuerdo al artículo 38 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, que ordena el pago de una remuneración y media por año de servicio. Es decir, una propuesta que desnaturaliza totalmente la Ley.
Hoy, después de 18 años de experiencia, el sector agrario puede mostrar resultados encomiables. La formalidad laboral subió de 16% en 2004 a 25% en 2017. Por cada millón de soles por exportaciones se generan 69 nuevos puestos de trabajo, entre directos (21) e indirectos (48). Los empleos formales se han incrementado en 75% entre el 2014 y el 2017, de 462,000 trabajadores a 809,000. La exportaciones crecieron en ¡820%!, de US$ 644 millones en 2001 a US$ 5,925 millones en 2017. En el periodo 2004-2017 la pobreza en la costa agroindustrial se redujo, en promedio, de 67% a 19%. Y el número de empresas aumentó en 43%, de 2,745 en 2008 a 3,918 en 2017.
Al pretender derogar la Ley de Promoción Agraria los sectores antisistema, populistas y estatistas revelan que, en realidad, les interesa un bledo la lucha contra la pobreza.
