Régimen agrario: ¿cuál es el impacto que tendría su eliminación?

De no ampliarse la vigencia del régimen agrario especial, se verían afectados proyectos de infraestructura en irrigación y las perspectivas de inversión privada en el sector.

No ampliar la vigencia del régimen especial del sector agro impactaría negativamente al PBI del Perú. El impacto podría incluso darse este año, pues las inversiones del sector suelen ser de largo plazo y se verían afectadas por los costos que el cambio de régimen traería en el futuro. “La racionalidad de ampliar la vigencia del régimen agrario ahora es dar predictibilidad a las inversiones en cartera: Majes Siguas, Chavimochic III y Olmos”, dice Geoffrey Cannock, socio de Apoyo Consultoría.

La vigencia de este régimen laboral y tributario especial vence en el 2021. El Ejecutivo busca ampliarla hasta el 2042 vía facultades delegadas, cuya aprobación se votaría la próxima semana. De obtenerlas, el gobierno propone adicionalmente expandir la aplicación del régimen a los sectores acuícola y forestal. En contraste, la bancada del Frente Amplio en el Congreso propone derogarlo.

¿En qué consiste el régimen?
El régimen agrario ofrece menores costos laborales y tributarios. La CTS y las gratificaciones están incluidas en la remuneración mínima diaria, las vacaciones son de quince días (contra los 30 del régimen general), el aporte al seguro de salud es de 4% (contra el 9% del régimen general), el Impuesto a la Renta de las empresas es de 15% (contra el 30% del régimen general) y la indemnización por despido arbitrario es de media remuneración mensual por año de servicios hasta un tope de seis sueldos (contra la remuneración y media mensual por año hasta un tope de doce sueldos en el régimen general).

Las reglas de contratación no cambian respecto del régimen general, de acuerdo con Germán Lora, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez. En ambos regímenes se permiten contratos temporales acordes a la actividad del sector, marcadamente estacional. Los criterios de reposición son los mismos para los trabajadores permanentes de uno y otro régimen, añade Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz. Lo que cambia son los costos tributarios y laborales que deben asumir las empresas. Esta reducción, referida a costos de permanencia en la formalidad, se debe a que el sector es uno de baja productividad, baja tecnificación, alta informalidad y reducido acceso al crédito, coinciden las fuentes consultadas.

Impacto Macro
El impacto de más corto plazo sería en las inversiones. “Los empresarios y mercados van previendo lo que va a suceder. Un inversionista que esté evaluando una inversión de cinco o diez años no lo va a hacer, no tienes un horizonte claro”, explica Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE). En el mediano a largo plazo habría también efectos en el empleo, indica.

Actualmente hay nueve proyectos de irrigación en cartera, según Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú – AGAP. Éstos suponen concesiones de en promedio 20 años que podrían verse afectadas por la falta de predictibilidad. De no lograrse la ampliación del régimen agrario habría menor disposición de pago por los lotes y menor desarrollo de la inversión, además de una caída en el precio de la tierra, indica Cannock. Ello generaría una “casi inmediata” afectación al PBI, que podría materializarse desde este año o el próximo, añade.

Crecimiento Sectorial
Las agroexportadoras se volverían menos competitivas de no ampliarse el régimen, contribuyendo esto a las menores perspectivas de inversión. Al ser el Perú un productor pequeño, las exportaciones del país entran al mercado internacional con un precio dado, indica Flavio Ausejo, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Esto impide trasladar al precio los aumentos en los costos de producción. “Si les subes los costos laborales no van a poder competir internacionalmente”, explica el especialista. Si bien ha mejorado (ver gráfico Cambios en la productividad laboral por sector), el sector aún es el que menos producción tiene a nivel nacional, pese a ser el que más trabajadores ocupa. Esto lo hace el de menor productividad laboral en el país, señala Fuentes, del IPE.

Una forma de reducir estos costos que no pueden trasladarse al precio sería contratando informalmente. Ello, sin embargo, es una opción inviable para las empresas agroexportadoras. Los retailers de los países a los que se exporta fiscalizan de cerca el cumplimiento de las condiciones laborales de sus proveedores para evitar problemas reputacionales, señala Ausejo. Así, las empresas tendrían que dejar de renovar sus contratos de temporada y dejar de contratar personal nuevo. “La gente que quede fuera podría no encontrar trabajo formal. El efecto en un sector como el agrario sería muy rápido”, indica Fuentes.

“Las empresas harían una segunda reflexión sobre planes de inversión, reduciendo expectativas. El principal impacto sería sobre los trabajadores temporales”, indica Ausejo. Las empresas dejarían de contratar nuevos trabajadores desde un año antes de que el régimen caduque, de acuerdo al especialista. En proyectos que debían sembrarse este año (y para ellos requieren contratar mano de obra); sin embargo, la inversión podría no hacerse, considera Cannock.

Por: Pablo Ferreyros
SemanaEconómica.com – , 17 de mayo 2018

 

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