Para conocer al sector agrario peruano primero debemos estar al tanto de sus cifras: existen más de 2.2 millones de productores agrarios, de los cuales el 99.4% son personas naturales, el 63.9% se ubica en la sierra, el 83.7% posee menos de 5 hectáreas, el agro representa más del 57% de la actividad económica rural, la informalidad es de 81%, la Población Económicamente Activa supera las 4 millones de personas (de las mas importantes del país) y, por último, la agricultura exportadora la ha convertido en el segundo sector exportador del país, después de la minería, y el 13er país más importante del mundo agroexportador de frutas y hortalizas.
Esto nos lleva a la siguiente reflexión: ¿la política pública agraria ha funcionado? Evidentemente, la referida a la agricultura familiar no funcionó. Pero la enfocada en la agricultura formal moderna sí, y muy bien, debido a la Ley Nº 27360, que creó un verdadero clima de negocios para la agricultura formal, permitiendo inversión y la creación de modernas cadenas productivas y de comercialización agrarias, y poniendo como objetivo el libre mercado, al cual se logró llegar tan bien que hoy el mundo reconoce al Perú no sólo por su gastronomía, sino también por sus productos agrícolas, además del importante impacto social y económico de los últimos 20 años … hasta que fue derogada en diciembre, y se aprobó la anticompetitiva Ley 31110, en un mes oscuro para la agricultura formal del país.
Para aclarar más el punto, el Perú no tiene un mercado de 33 millones de consumidores, como algunos piensan, sino de más de 6,000 millones: el mercado mundial es la meta. Este cambio de paradigma es fundamental, y el sector público y los políticos deben entenderlo. Ahí radica la importancia fundamental de las cadenas productivas y de comercialización agrarias modernas formales. Estas están compuestas por miles de productores, agroindustriales, agroexportadores, comercializadores y por proveedores de bienes y servicios al sector, conformando un gran sistema integrado orientado a ese gran mercado. Es por ello, que la única manera de transformar la vida de los pequeños agricultores es incorporándolos a las cadenas productivas modernas, para que puedan acceder a este inmenso mercado, como ya lo vienen haciendo miles de pequeñas, medianas y grandes empresas.
Pero para esto, ¿qué se debe hacer? Algunas propuestas a ejecutar de manera sostenida en la política de desarrollo de la agricultura familiar son: fortalecimiento y profesionalización de la asociatividad, acceso al crédito y seguro agrario, formalización de la propiedad agrícola, asistencia técnica y capacitación, acceso masivo a la tecnología de riego tecnificado, acceso a las semillas mejoradas, adopción de Buenas Prácticas Agrícolas, entre otros.
La pregunta es: ¿la política pública y la regulación están generándole competitividad al sector e integrando a los pequeños productores a las cadenas productivas modernas? Lamentablemente, la realidad es que los millones de soles que se gastan en el presupuesto público todos los años no logran a cabalidad estos objetivos. Además de ello, la regulación existente, como la Nueva Ley Agraria – Ley 31110, no promueve la productividad ni la competitividad. Por el contrario, genera sobrecostos innecesarios, que condenan a TODAS las cadenas de la agricultura peruana a reducir su crecimiento y por ende reducir empleos, ahuyentan las inversiones, y alejan también aun más a la agricultura familiar del mercado formal y del progreso condenándola a la pobreza.
Es por ello urgente que la política pública, la regulación actual y las instituciones pasen por un proceso de reingeniería integral, empezando por cambiar su enfoque asistencialista por uno que priorice y promueva la competitividad, la productividad y el libre mercado. Podemos cambiar esta realidad con un trabajo público privado. Sólo falta la urgente y valiente voluntad de hacerlo. El camino al éxito está muy claro.
Por: Gabriel Amaro, Director Ejecutivo de AGAP / Gestión
