Durante un conversatorio organizado por la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), se destacó la urgencia de aprobar la nueva Ley Agraria. Esta normativa busca ofrecer herramientas de capacitación, financiamiento y asociatividad para los agricultores. Por ello, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) aguarda su promulgación, actualmente en manos del Congreso de la República.
Según AGAP, el sector agrario peruano enfrenta riesgos específicos que lo distinguen de otras actividades económicas. Factores como los cambios climáticos extremos, la proliferación de plagas y las fluctuaciones del mercado impactan negativamente en la sostenibilidad y competitividad de los productores. Estas amenazas comprometen tanto la seguridad alimentaria como el desarrollo económico del país, lo que motivó la creación de la nueva Ley Agraria.
«La norma no incluye todos los aspectos que necesitamos en el sector agrario, pero creemos que es un buen punto de partida para recuperar, desarrollar, formalizar y dinamizar el sector agrario peruano. (…) Fue trabajada por la Comisión Agraria del Congreso durante meses y es resultado de diversos proyectos de ley», declaró Gabriel Amaro Alzamora, presidente de AGAP.
La ley permitiría al Estado otorgar beneficios a pequeños agricultores, además de fomentar modelos asociativos y de financiamiento. Reconocer las necesidades del sector resulta esencial para implementar políticas que protejan y fortalezcan toda la cadena productiva. Garantizar condiciones diferenciadas ayudará a los productores a enfrentar desafíos y asegurar su sostenibilidad y contribución al desarrollo del país.
Amaro Alzamora subrayó los principales aspectos de la ley y su impacto en la agricultura nacional, destacando las oportunidades que representa para fortalecer la cadena productiva del sector agrario. Durante el conversatorio titulado «Proyecto de la nueva Ley Agraria», AGAP recogió aportes sobre las necesidades del sector agrario en Arequipa, especialmente en áreas como financiamiento, capacitación tecnológica y asociatividad.
En el Perú, cerca del 80% de los sectores productivos opera en la informalidad, una realidad que también afecta a la agricultura. «No han existido programas exitosos de formalización de terrenos agrícolas. La nueva ley de promoción agraria busca alternativas para que los agricultores en terrenos estatales puedan formalizarse, aunque deberán cumplir ciertos requisitos», explicó Amaro Alzamora.
La alta informalidad en el sector agrario peruano también expone a los agricultores, especialmente rurales, a la criminalidad. Amaro Alzamora señaló que los agricultores son víctimas frecuentes de robos en las chacras. «Hay poco personal en las zonas rurales, y por eso la agricultura sufre, como cualquier ciudadano, la falta de una estrategia concreta frente a la inseguridad en nuestro país», afirmó.
