AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PODER EJECUTIVO, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PODER JUDICIAL Y FISCALÍA DE LA NACIÓN
POR UNA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CONTRA CRIMINALES Y NO CONTRA INOCENTES
Los gremios firmantes reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, con especial énfasis en la erradicación de aquellos crímenes que debilitan nuestras instituciones, socavan la confianza ciudadana e impactan negativamente en la economía y la inversión privada en nuestro país.
Por lo anterior, creemos en la importancia de contar con una Ley de Extinción de Dominio que permita la recuperación de bienes y grandes patrimonios de origen delictivo. Una ley que sea una herramienta efectiva contra la criminalidad organizada y que también garantice la seguridad jurídica, el debido proceso, la propiedad privada, así como los derechos humanos de los millones de emprendedores que son la base para la creación de empleo y desarrollo del Perú.
La norma actual permite incautar bienes incluso cuando la persona es absuelta en el proceso penal que motivó la extinción de dominio, lo que es injusto. Además, se aplica retroactivamente sin límite temporal y exige a los compradores a demostrar que cumplieron con un estándar de buena fe cualificada vigente desde 2019, incluso para adquisiciones de años atrás. El procedimiento tampoco garantiza una defensa justa y efectiva.
En el Perú, donde más del 70% de la economía enfrenta barreras para formalizarse, la aplicación indiscriminada de la Ley de Extinción de Dominio y la falta de criterios claros para diferenciar bienes de origen criminal de aquellos adquiridos en contextos de difícil formalización ponen en riesgo derechos constitucionales y la estabilidad económica.
Por lo mencionado, invitamos al Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y a otros actores a reflexionar sobre la necesidad de revisar y mejorar la Ley de Extinción de Dominio. Un enfoque integral, receptivo y bien diseñado garantizará que esta norma sea una herramienta eficaz en la lucha contra el crimen, sin generar incertidumbre y perjuicios para quienes actúan legítimamente y contribuyen al desarrollo del país.
Perú, 7 de abril de 2025
