Actualmente el sector agrario de Perú se encuentra atento al avance de un proyecto de ley que plantea modificaciones al marco tributario vigente para la actividad agraria, y propone excluir de los beneficios de la Ley 32434 a las grandes empresas cuyos ingresos netos anuales superen las 2.300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Al respecto, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), indicó a Portalfruticola.com que las iniciativas podrían afectar las condiciones para la inversión, reinversión y formalización en el sector.
“Los proyectos todavía se encuentran en una etapa inicial del proceso legislativo y no han sido aprobados”, explicó.
Añadió que las propuestas deberán ser analizadas, en primera instancia, por las comisiones correspondientes, donde se convocará a los distintos actores involucrados para recoger sus opiniones antes de definir si son archivadas, modificadas o elevadas a la Cámara de Senadores.
Uno de los puntos en cuestión es el Impuesto a la Renta contemplado en el marco de promoción agraria. El dirigente indicó que el beneficio no corresponde exclusivamente a las empresas agroexportadoras, sino que alcanza al conjunto del sector agrario, incluyendo actividades agrícolas, pecuarias e industriales.
Explicó que el régimen establece una tasa de Impuesto a la Renta de 15% para el sector agrario, mientras que contempla tasas diferenciadas para determinados segmentos de pequeños productores.
Amaro fue categórico al defender la permanencia de este marco tributario que se encuentra vigente actualmente en Perú y sostuvo que su experiencia previa demuestra que los cambios en las reglas de juego pueden tener efectos negativos sobre la formalidad y las nuevas inversiones.
Recordó que, tras la derogación del anterior régimen agrario en 2020, se produjo un incremento de la informalidad y se frenaron proyectos agrícolas de inversión.
Participación en el proceso legislativo
El dirigente de AGAP anunció que participará en las reuniones y discusiones que convoque el Congreso peruano, además de responder a los pedidos de opinión que sean remitidos durante el proceso legislativo.
El gremio explicará a los parlamentarios el impacto que, a su juicio, tendría una modificación del régimen actual sobre la capacidad del sector para atraer nuevas inversiones, promover la reinversión y avanzar en la formalización de pequeños productores mediante su incorporación a cadenas productivas modernas.
Amaro planteó que el régimen tributario debe entenderse como parte de un sistema integral de desarrollo agrario. En ese sentido, advirtió que modificar uno de sus componentes podría afectar el funcionamiento del conjunto de la norma.
Hizo un llamado al Poder Legislativo a evaluar los proyectos con responsabilidad y considerando el impacto que las modificaciones normativas pueden tener sobre la generación de empleo, el desarrollo de las zonas rurales en todas las regiones y la imagen del país como destino de inversión.
“¿Cómo puede ser que el Congreso de la República esté cambiando una norma promotora que ha sido quizás una de las únicas que ha dado resultado y que ha generado progreso y bienestar en la zona rural?”, dijo.
Agregó que el posicionamiento alcanzado por la agricultura de Perú ha llevado a que los productos del país estén presentes en más de 150 mercados y que mantenga posiciones relevantes en diversos productos agroexportables.
En ese sentido, sostuvo que cualquier modificación del marco vigente debe considerar la necesidad de preservar la estabilidad jurídica y las condiciones que permitan continuar atrayendo capitales al sector peruano.
“El Congreso no puede estar cambiando las reglas de juego cuando quiere, por desinformación o componente ideológicos. El país para crecer y generar empleo necesita inversión privada y para eso se requiere estabilidad jurídica”, concluyó.
