Nueva ley agraria: Pobre agricultura o agricultura pobre

En diciembre se consumó uno de los peores actos populistas de estos tiempos: la derogatoria de la Ley 27360 – Ley de Promoción Agraria. Con ello, el Estado provocó la destrucción del clima de negocios de un sector que, durante 20 años, generó empleo, disminuyó la pobreza, aumentó la productividad agraria, convirtió al país en potencia agroexportadora e impulsó la tan ansiada descentralización económica.

Este hecho nos recuerda otro suceso nefasto de la historia agrícola del país, cuando en 1969, durante la dictadura militar de Juan Velasco, se promulgó la Ley 17716 – Ley de Reforma Agraria, que, como muchas leyes populistas, aparentaba algunos fines correctos. Sin embargo, utilizando el intervencionismo ciego del Estado e impregnada de ideología, el resultado de esa “reforma” fue más pobreza, informalidad y atraso en el agro, incluyendo la expropiación de propiedades privadas que, hasta hoy, el Estado no paga. Un desastre para el país.

La nueva Ley 31110 tiene errores estructurales contrarios a la competitividad del agro: crea una RMV diferenciada sin sustento técnico, vulnerando el marco legal del Consejo Nacional de Trabajo; crea un incremento salarial, distorsionando el libre mercado laboral y salarial; crea la negociación colectiva específica, vulnerando el marco jurídico sin razón válida, en un país con menos del 6% sindicalizado y cerca del 80% informal; crea obligaciones para las empresas, producto de un Estado ausente: transporte, alimentación, etc.; elimina gradualmente incentivos para las inversiones, vulnerando el clima de negocios de largo plazo, haciéndolas menos competitivas y dilapidando la seguridad jurídica, lo que pone en riesgo la viabilidad de proyectos como Majes Siguas II o Chavimochic III; establece un derecho de preferencia en la contratación, obviando la meritocracia, la productividad y la facilidad de contratación, en un sector que tiene contratación temporal por su propia naturaleza; entre otros.

Y todo esto, como gran logro de la ley, afecta sólo al 20% formal del sector, mientras que al 80% informal no se le obliga a nada, pese a que es este el que, de manera sistemática, vulnera los derechos de los trabajadores ante la ausencia del Estado. Ahí radica parte de la irracionalidad del populismo desatado en el país y de un Estado desenfocado de la realidad.

Ante esto, Julio Velarde, presidente del BCRP, dijo en la CADE: “Es cierto que es una barbaridad que el Congreso esté fijando un jornal. El sector agroexportador ha estado generando 9% del crecimiento del empleo entre el 2011 y el 2019. Podría y creo que puede seguir siendo un motor importante en general para el crecimiento de mediano y largo plazo”. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de que las medidas populistas afecten los motores de crecimiento del país. Sumado a ello, Waldo Mendoza, ministro de economía, ratificó la posición de llevar ante el Tribunal Constitucional toda ley que atente contra la consolidación fiscal.

Lo que nos preguntamos los peruanos es: ¿cuándo se tomará acción contra las leyes que atentan contra los motores de la economía, el empleo formal y la consolidación económica del país?

Lo claro en esta historia es que, al sector agro, motor de crecimiento y desarrollo, se le castiga con la Ley 31110. Este “castigo”, por populismos e ideologías anti inversión, nos afecta a todos: empresas formales, ciudadanos, ingresos fiscales y trabajadores del agro. Sí, a aquellos que se pretendía proteger. Y, ¿por qué? Porque al hacer más cara y menos competitiva a la agricultura formal “por Ley”, habrá menos inversión y trabajo formal, condenando a más trabajadores en la informalidad sin derechos laborales, ganando en promedio menos que la RMV y aumentando la pobreza. ¿Queremos promover eso en nuestro país?

Hoy, estamos en medio de una campaña presidencial y congresal. Los que serán elegidos democráticamente tendrán la responsabilidad de corregir el despropósito de la Ley 31110. La agricultura no merece pobreza, informalidad, ni desempleo, sino que, con todo su potencial y una mejor ley, debe seguir generando riqueza, bienestar y empleo formal para el Perú.

Por: Gabriel Amaro, Director Ejecutivo de AGAP / Gestión

 

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