Desde hace más de una década la agricultura peruana viene transitando hacia la modernidad, teniendo hoy en día cultivos altamente tecnificados en frutas, hortalizas, palma, caña de azúcar, entre otros. Compartiendo la actividad productiva con productos también de alta calidad como el café y el cacao, así como con diversos cultivos en todas las regiones y valles del país, los cuales son insumos fundamentales de nuestra gastronomía y juntos reconocidos en el mundo entero.
Hoy en día el agro es el segundo sector exportador del Perú llegando a más de 86 países de los cinco continentes. Pero quizás uno de los mayores impactos de la agricultura peruana es la generación de empleo de manera sostenida en muchas regiones del país; más puestos de trabajo formal que en conjunto han contribuido con la reducción de la pobreza, la inclusión de la mujer, la descentralización y con el desarrollo económico del Perú.
Sin embargo, en los últimos meses, todos los peruanos hemos visto atónitos como la podredumbre de la corrupción, que por años se había arraigado como un modelo de negocios infame en Brasil, descubría sus tentáculos en varios países de la región. Lamentablemente nuestro país no fue la excepción.
La corrupción nos afecta a todos los peruanos, este mal uso de la función pública para obtener un beneficio particular lo terminamos pagando todos, no solo el Estado. La corrupción es uno de los más grandes problemas que tiene el país ya que atenta contra las posibilidades de progreso de los ciudadanos, afecta seriamente el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos y mella la confianza de los empresarios y emprendedores honestos que invierten en el Perú.
Pero ¿cómo afecta la corrupción al crecimiento económico? Por ejemplo, en el caso agrario, con la paralización de una de las obras de irrigación más impresionantes del país: la Etapa III de la Irrigación de Chavimochic que incluye la construcción de la Represa de Palo Redondo con capacidad para 400 millones de mt3 y las obras de canalización que incorporarán a la agricultura más de 63 mil hectáreas de nuevas tierras y mejorará el riego de 47 mil hectáreas en La Libertad. Esta obra está paralizada desde noviembre del año pasado, por ello miles de nuevas hectáreas no se incorporarán a la producción y exportación de productos del agro peruano, miles de empleos no se podrán generar, miles de peruanos no podrán salir de la pobreza, miles de pequeños, medianos y grandes productores agrarios dejarán de generar riqueza y millones de dólares de divisas e impuestos dejarán de ser recibidos por el Estado peruano, frenando finalmente el crecimiento económico del país. ¡NO dejemos que esto ocurra, el país tiene que seguir impulsando su capacidad productiva!
Sumado a todo esto, no podemos dejar de mencionar que la corrupción también se manifiesta de diversas formas: a través de la usurpación y el tráfico de terrenos públicos y privados, del robo del agua, entre otros, atentando contra el Estado de Derecho.
La corrupción representa un gran desafío para todos los peruanos por el enorme daño moral, social y económico que debemos revertir. Las autoridades del Gobierno y el Poder Judicial deben actuar rápido, sin titubeos y con la fuerza que les da la ley para castigar estos actos de corrupción de manera ejemplar.
Pero también es tarea urgente del actual Gobierno tomar “al toro por las astas” y seguir impulsando las inversiones de todos los proyectos de infraestructura que el país requiere a través de las concesiones y las asociaciones público-privadas.
Actualmente, existen varios proyectos de infraestructura productiva muy importantes para el país que se necesitan terminar, por ejemplo, en el Proyecto Olmos se requiere de manera urgente la culminación de la carretera de acceso de cerca de 120 km, el incremento de la capacidad de almacenamiento de agua de la Represa Limón, las obras para dotar de agua a cerca de 5 mil hectáreas en el Valle Viejo y la nueva Ciudad de Olmos, obras que beneficiarán a cientos de productores y a miles de peruanos.
Pero la tarea va más allá, debemos restaurar la ética y la reputación del país, dañada por los malos funcionarios públicos y por esos mal llamados empresarios involucrados en estos actos delictivos. Este es un deber y una responsabilidad de todos.
Los empresarios de AGAP estamos comprometidos en esta lucha contra la corrupción y seguiremos colaborando con el Estado de manera franca y transparente, impulsando las inversiones honestas, difundiendo las buenas prácticas empresariales e invirtiendo y confiando en nuestro Perú.
Por: Gabriel Amaro
Director Ejecutivo de AGAP
