El panorama para la agroindustria en medio de incertidumbre política y la nueva ley agraria

Entre los años 2000 y 2020 la agroindustria peruana gozaba de resultados favorables, en tanto solo durante el año pasado, las exportaciones agrarias sumaron US$ 7,550 millones, todo un récord a pesar de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Sin embargo, las empresas agroindustriales señalan que han visto frenadas las inversiones en este sector desde la entrada en vigor de la Ley N°31110, Ley del Régimen Laboral Agraria, y por la cual se eliminó la anterior ley de Promoción Agraria, a través de la cual precisamente se lograron las cifras en azul en los últimos 20 años.

A este problema se suma la incertidumbre política que vive el país, pues aún no se define en su totalidad quien sería el próximo presidente del Perú para los próximos cinco años.

Hasta anoche, al 98.30%, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, obtenía el 50.31% de los votos emitidos a nivel nacional, mientras que su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alcanzaba un 49.68%

Sin reinversiones
En diálogo con Gestión.pe, el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agraria del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, señaló que -entre otros puntos- hoy en día las inversiones que estaban previstas para el sector agrario formal están paradas porque la nueva ley rompió la estabilidad jurídica y mostró al mundo un país que no respetaba jurídica a largo plazo.

“Entonces muchas inversiones que estaban previstas venir a este año no han venido, proyectos nuevos de empresas que estaban acá se han parado y reinversiones en proyectos nuevos que se tenían tampoco se están dando. Además, muchas empresas que pensaban hacer esas reinversiones están explorando otros países como Colombia”, dijo.

Agregó que la nueva ley agraria encarece esta actividad, principalmente por los costos laborales que ahora demandan las empresas de este rubro; en tanto dijo ya no hay incentivos para desarrollar esta actividad.

“Con la nueva ley se generó un gran problema hoy en día porque ya no se dan las condiciones (con la anterior ley). Las empresas están migrando a otros países, como por ejemplo a Colombia y Ecuador, donde tiene 0% de renta. Acá teníamos 15% de renta y ahora conforme pasen los años va a comenzar a elevarse”, dijo.

Retos del nuevo Gobierno
El ejecutivo consideró que el siguiente gobierno debe mantener un clima de desarrollo e inversión en la agricultura, apertura de mercados y una mejora de la regulación actual, en el sentido de poder realizar modificaciones a la actual norma agraria.

De igual manera consideró importante incluir a los pequeños agricultores de manera más acelerada, desarrollar la infraestructura hidráulica, no solo la de mayor envergadura que está paralizada como el proyecto Majes (Arequipa) o Chavimochic (La Libertad), u los proyectos de irrigación de Ica, Pisco y Huancavelica.

“La agricultura es el sector que más porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene en el mundo, tiene más del 30%. En el Perú es el 25% en promedio, por eso es un sector que debe ser prioritario en el nuevo gobierno”, dijo.

Precisó que en el caso de la agricultura familiar, la ruta que debe seguir el agricultora lo lleva a conectarse con las cadenas formales productivas y de comercialización para llegar a los mercados formales tanto nacionales como internacionales. Así, dijo que esto va de la mano con nuevas y mejores políticas públicas para ayudar al pequeño agricultor.

“Si solo se aplican políticas públicas al pequeño agricultor y no se fortalece la competitividad de toda la cadena ya creada en el país, el pequeño agricultor no tendrá dónde colocar sus productos. El mercado peruano es de 33 millones de consumidores y el mundial es más de 6 mil millones de consumidores y Perú tiene acceso a ese mercado”, afirmó.

Fuente: Gestión

 

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Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP, consideró que el siguiente gobierno debe mantener un clima de desarrollo e inversión en la agricultura, apertura de mercados y una mejora de la regulación actual, en el sentido de poder realizar modificaciones a la actual norma agraria.
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